Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.”

Suscribiendo lo establecido en el Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno vigente en España, como país democrático, debemos asumir el compromiso en ella descrito, con el fin de alcanzar en el 2030 la solidez en nuestras instituciones y la paz y justicia que ello conlleva.

 

Rosa Plantagenet-Whyte

Los avances en la promoción de la paz y la justicia, junto con los relativos sobre instituciones eficaces e inclusivas responsables, siguen siendo desiguales entre las regiones y dentro de ellas. Los conflictos violentos han aumentado en los últimos años y algunas guerras están causando gran número de bajas civiles, mientras que los homicidios han disminuido lentamente y más ciudadanos de todo el mundo tienen un mejor acceso a la justicia.

  • En 2015, entre 5,2 y 6,7 personas por cada 100 000 en todo el mundo fueron víctimas de homicidio voluntario. Si bien la tasa de homicidios ha disminuido en el último decenio, la población de ciertos países de América Latina, África Subsahariana y Asia corre un riesgo mayor de sufrir una muerte violenta.
  • Persisten diversas formas de violencia contra los niños, entre ellas la disciplina basada en el castigo físico y la agresión psicológica. En 76 países (la mayoría, en desarrollo) sobre los que se dispone de datos de 2005 a 2016, aproximadamente 8 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años fueron objeto de algún tipo de agresión psicológica o castigo físico, o ambos, de manera periódica.
  • Los países han logrado avances firmes en lo relativo a la detección de víctimas de la trata, tal y como refleja el número cada vez mayor de casos registrados durante el último decenio. No obstante, el porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido este delito ha retrocedido lentamente, del 84% en 2004 al 71% en 2014. En ese mismo año, el 28% de las víctimas eran menores de edad. Además, la proporción de víctimas de la trata de blancas ha disminuido. Sin embargo, el porcentaje del tráfico de mujeres y niñas para realizar algún trabajo forzoso ha aumentado.
  • La violencia sexual es, tal vez, una de las violaciones más perturbadoras de los derechos del niño. La existencia de casos que no se denuncian y la falta de datos comparables impiden comprender la magnitud real del problema. En 35 países de ingresos bajos y medianos que disponen de datos, el porcentaje de mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años que sufrieron violencia sexual por primera vez antes de cumplir los 18 años varía entre el 0% y el 16%.
  • Las tasas de prisión preventiva sugieren que el progreso con respecto al estado de derecho y el acceso a la justicia ha sido lento. A nivel mundial, el porcentaje de personas detenidas sin haber sido condenadas por un delito ha permanecido casi sin cambios (del 32% de los reclusos en el bienio 2003-2005 al 31% en 2013-2015), lo que indica que no se han logrado avances sustantivos en la capacidad de los sistemas judiciales para procesar y juzgar a los acusados de manera justa y transparente.
  • Los reglamentos y procedimientos opacos, engorrosos e ineficientes alimentan las oportunidades para que funcionarios corruptos exijan sobornos o pagos extraoficiales. En 2015, más del 18% de las empresas de todo el mundo informaron de que habían recibido al menos una solicitud de pago de soborno. Esa proporción de empresas en países de ingresos bajos y de ingresos medianos bajos ascendía al 25%, en comparación con el 4% en países de ingresos altos.
  • A fin de proporcionar una base firme para el desarrollo, los presupuestos gubernamentales deben ser integrales, transparentes y realistas. Si bien el gasto en casi 2 de cada 3 países no superó el 10% del presupuesto nacional original, en más de 1 de cada 7 países se desvió en al menos un 15%. Sin embargo, la fiabilidad presupuestaria ha mejorado con el tiempo, pues alrededor de 8 de cada 10 países de Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacífico mostraron mejoras.
  • El registro de los nacimientos es un primer paso hacia la protección de los derechos individuales y la oportunidad de que todas las personas puedan acceder a la justicia y los servicios sociales. Si bien muchas regiones han logrado el registro universal o casi universal de los nacimientos, el promedio mundial es tan solo del 71%, según los datos de los países disponibles de 2010 a 2016. Menos de la mitad (46%) de los niños menores de 5 años de edad de África Subsahariana fueron registrados al nacer.
  • La legislación que exige la libertad de información ha aumentado constantemente, pero sigue siendo preocupante la lentitud o ineficacia de la aplicación de esas leyes. Más de 110 países han aprobado leyes y políticas sobre la libertad de información. Sin embargo, las evaluaciones de expertos indican que 47 de esos países no cuentan con disposiciones jurídicas claras para las excepciones a ese derecho, mientras que otros 47 países carecen de disposiciones suficientes para la educación pública.
  • Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos desempeñan un papel importante para garantizar que los Estados cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos y de no dejar a nadie atrás. A finales de 2016, el 37% de los países contaban con una institución nacional de derechos humanos que respetaba las normas convenidas internacionalmente (los Principios de París), mientras que el cumplimiento del 57% de los países había sido examinado por homólogos.

1: Fuente: Informe del Secretario General Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017

Próximamente

  • 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
  • 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
  • 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
  • 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
  • 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
  • 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
  • 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
  • 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial
  • 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos
  • 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
  • 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
  • 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible

La ONG Arapaz, que lleva 25 años de actividad, presenta su Proyecto Vacaciones en Paz 2018. http://www.arapaz.org/vacaciones-en-paz/